sábado, 12 de octubre de 2013

El peso de la ley

En esta semana que concluye, se han resuelto diversas polémicas en contra de la procuración de justicia mexicana, el caso más mediático, el de Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, esto ya fue juzgado y sentenciado, haciendo memoria, fue una captura tras un operativo realizado en 2005 por la Policía Federal en una granja a las afueras de la Ciudad de México, en el que fueron detenidos el jefe de la banda de Los Zodiaco, Israel Vallarta, y su pareja sentimental, Florence, con tres secuestrados ambos fueron sentenciados, ella a 96 años, pero al apelar a ella le redujeron la pena a 60.
Debido a la presión directa del gobierno de Francia y a la habilidad de sus litigantes, el caso se ha turnado a la suprema corte de justicia, en donde se debate entre creer a las víctimas de secuestro que la identifican plenamente como quien les cuestiono “prefieres la oreja o un dedo, ¿qué les envío a tus familiares?”.
La pregunta lógica en este asunto donde está el respeto a las víctimas, donde quedo la Comisión de los derechos humanos (CNDH), estamos ante una flagrante violación a las leyes mexicanas y de impartición de justicia a modo de cómo el gobierno francés les ha exigido a las autoridades nacionales, ¿podría aplicarse la misma vía legal para Israel Vallarta y todos “los Zodiaco”?
Este hecho no es aislado y es bastante trascendente, (al momento de escribirlo, aun no se la decisión de la suprema corte de justicia), pero lo que es una realidad, es que las mismas leyes nacionales han permitido llegar a este punto, es decir, a que la culpabilidad o inocencia de un condenado, se vuelva a juzgar por un cuerpo colegiado (5 – 7 personas que votaran a favor o en contra).
En otro asunto, el juez federal del Estado de México, con residencia en Toluca, Raúl Valerio, había dictado un auto de formal prisión contra el general de división en retiro Tomás Ángeles, los militares Roberto Dawe, Silvio Isidro Hernández e Iván Reyna por delincuencia organizada con el objetivo de cometer delitos contra la salud, “Se dictó auto de formal prisión porque con los elementos de prueba que constan en el expediente se desprenden indicios suficientes que comprobaron el cuerpo del delito de delincuencia organizada y que hacen probable la responsabilidad penal de los ahora procesados en su comisión, ya que se obtienen informes de que los mencionados, como servidores públicos, favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como los Beltrán Leyva”, informó el Consejo de la Judicatura Federal en ese entonces.
Recientemente, La Procuraduría General de la República (PGR) admitió que no llevó a cabo las diligencias necesarias para corroborar los dichos de testigos protegidos en contra del general y los militares, devolviendo propiedades y cuentas bancarias incautadas. El proceso aún no se define por completo, pero se dibuja un posible “Usted disculpe”, borrón y cuenta nueva.
Podríamos enumerar infinidad de casos en los que se deja en entredicho al fiel de la balanza, o se deja de lado el “duro peso de la ley” ante el duro peso de un nombre o una personalidad, se dejan libres a revoltosos que causan desmanes por falta de pruebas, se entorpecen investigaciones para liberar inculpados “por falta de pruebas”, infinidad de casos fuera del común. Haciéndolos casos polémicos, encerrando en lo cotidiano al ciudadano de a pie, al caído en desgracia por algún acto fortuito o alguna desavenencia. A ese sí, se le martilla contra el yunque del sistema con el marro de la jurisprudencia y el calor de la ignorancia, haciéndolo presa de licenciados y litigantes codiciosos, que por oficio dan largas a los asuntos y poder seguir cobrando al cliente, gastos o dadivas, que sin ver de dónde se deben de conseguir.
La falta de educación se demuestra en todos los aspectos de nuestra idiosincrasia, no solo por leer libros o tener muchos años de estudio, ostentar títulos o ser líderes en nuestro ámbito, la educación se exhibe en el diario acontecer, usar casco al usar una motocicleta, al no circular en sentido al contrario en bicicleta, al momento de facturar nuestros ingresos, declarar nuestros impuestos, pagar salarios que les permita dignificar a nuestros colaboradores, exigir facturas a nuestros proveedores (claro con el mismo precio que sin factura) y abolir toda informalidad comercial. Esa es la educación que México nos reclama y exige, para poder pasar al siguiente nivel, todo lo demás tan solo son letras y buenas intenciones.

A mi mis timbres…
Interpretar la ley es corromperla, los abogados las matan. Napoleón I (Emperador francés).
El hombre justo no es aquel que no comete ninguna injusticia, si no el que pudiendo ser injusto no quiere serlo. Menandro de Atenas (Dramaturgo Griego).
El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aristóteles (Filósofo griego).

Cyber Note: http://www.informador.com.mx/internacional/2013/427580/6/abren-en-colorado-clubes-de-mariguana.htm Aunque no lo crea, el uso de software ilegal en México ha disminuido, incluso ante el crecimiento de la base de usuarios, un aplauso para todos los que hemos pagado por el uso de algún programa.
** Nota publicada el el semanario Guia del 26-Enero-2013 ?

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